Por: Raúl Gangotena

La actividad productiva se benefició durante décadas con las tarifas eléctricas bajas.  Pero resultó un beneficio perverso, pues incentivó negativamente el desarrollo de sistemas de aprovechamiento de energía.  Por otro lado se mantuvo una lentitud desesperante en las decisiones para ampliar la capacidad de generación y distribución de electricidad.  La obstrucción persistente a la participación privada en inversión y gestión en el sector eléctrico profundizó la escasez de oferta, la caída de la calidad del servicio, la insuficiencia de disponibilidad de fluido eléctrico en épocas de estiaje y la elevación del costo de generación por uso de combustibles caros.  La trayectoria ha sido semejante a una historia de horror.  Esta ineficiencia en la generación ha confluido en que, a fines de 2002, la tarifa real se encuentre en el descomunal nivel de 9,04 ctvs. de dólar el Kw/h mientras el promedio sudamericano alcanza 5,41 centavos. Y que, además, en el año 2001, las empresas distribuidoras pierdan  de todas maneras 170 millones de dólares, incluyendo a las que se calificaban eficientes, la Quito y la Centro Sur, que registraron también pérdidas importantes.

El efecto nocivo en la competitividad de las actividades productivas es muy grave.  Más aún cuando el 90% del consumo ya no se beneficia con el subsidio eléctrico, algo sin duda saludable, pero con un tarifa como la actual, la empresas no van a vivir para contar lo que significa esforzarse por hacer un uso eficiente de la energía.  La perversidad de los precios fijados con criterio político y de los subsidios se ha demostrado una vez más.

Pero también, para el común de los usuarios, la porción de su gasto destinada al consumo eléctrico se ha convertido en una carga dura de sobrellevar pues, además de la tarifa tan alta, para el 10% del consumo restante, el subsidio se ha ido reduciendo desde 300 millones en 2000, a 160 millones en 2001 y 70 millones previstos para el año.  Es decir, que la ineficiencia del sector eléctrico luego de cuatro décadas del monopolio del sector público, ha generado una apreciable transferencia de recursos, desde los productores y los hogares hacia las empresas de generación y distribución eléctrica.  En el primer caso, se afecta la competitividad y la capacidad de inversión y generación de empleo; en el caso de los hogares reduce el consumo de otros bienes y contrae el mercado.  Mayor afectación a la economía ecuatoriana es difícil de concebir.

 Es la devastación producida por una transferencia de recursos para cubrir los costos de, por ejemplo, el contrato colectivo de la Empresa Eléctrica Quito, por el cual el impuesto a la renta y los aportes al IESS son pagados por la Empresa; los trabajadores disfrutan de un servicio eléctrico gratuito hasta 500 KW; tienen un conjunto de seis bonificaciones, becas, licencias, planes de vivienda e indemnizaciones extraordinarias.  Distorsiones semejantes se han producido también en otras empresas de propiedad y gerencia del sector público manejado por fuerzas políticas de corte mercantilista.

Pero, además,  la congelación vigente y los constantes incrementos de costos, obligarán a nuevos reajustes de precios de la electricidad que evite el crecimiento del déficit de las empresas eléctricas.  Por lo cual, si alrededor del 20% de la población se mantiene en niveles de indigencia, habrá que considerar la fijación de un subsidio focalizado.

De acuerdo con las cifras del CONELEC, al año 2001, las pérdidas de energía de las empresas distribuidoras ascendieron al 22.61%, las cuales fueron del 16.12% para la Empresa Eléctrica Quito y subieron al 33.96% para el caso de la empresa Guayas - Los Ríos.  Estos índices son mucho más altos que las pérdidas técnicas aceptadas a nivel internacional, de manera que una nueva administración del sector  tendrá que acometer una revisión profunda del tema de la ineficiencia.  Por otra parte, se considera que hay altos niveles de aprovechamiento político de las empresas distribuidoras.  En el caso de la Empresa Eléctrica Quito los medios de comunicación han demostrado ­ sin ser desmentidas sus revelaciones - que directivos sindicales se han apoderado de la lectura de medidores, de su facturación, de la recaudación de los valores.  Grave colusión. E incentivo perverso para levantar una resistencia feroz a cualquier intento de cambio.

La necia persistencia en impedir la participación privada ha costado muy caro al país.  Y sin duda, a los sectores más pobres.  Se ha acumulado una enorme brecha.  De conformidad con datos del CONELEC, existe un déficit de inversión en el sector eléctrico de 3.900 millones de dólares, si se suman los diversos proyectos que deben acometerse en las fases de generación, 2.800 millones, transmisión, 212 millones, y distribución, 900 millones. Un volumen de esta magnitud se encuentra fuera del alcance de la capacidad financiera local, pública y privada.  Pero, a la vez, puede constituir un atractivo par lograr ingresos de capitales privados a la economía nacional.  Aparte de que se requiere obtener mayores niveles de tecnología y calidad de gestión que permitan reducir con rapidez los niveles de ineficiencia y bajar los costos.

Es de esperar que los sectores opuestos a la participación privada comprendan que no es un problema que se puede superar con reingenierías, cualquier cosa que con esa palabra quieran significar.  Transcurrido cerca de un año desde que se impidió el ingreso del sector privado a participar el al Empresa Eléctrica Quito y otras, los resultados de las promesas de mejora no se cristalizan por ningún lado.  En un año más perdido para añadir a las cuatro décadas de parálisis.

Es imperativo, por tanto, e inaplazable, propiciar y concretar la participación privada.  Hay señales que permiten pensar que los diferentes sectores políticos y poblacionales han llegado al acuerdo de lograrla a través de sistemas de concesiones y de capitalización.  Ojalá no se vayan otras cuatro décadas en discusiones.