Comentario general

Resulta muy difícil hacer, en el corto plazo, un cambio profundo en el sector eléctrico para que funcione con reglas de mercado en que la competencia en la generación sea posible y que los monopolios “naturales” como la distribución y la transmisión estén debidamente regulados.
Se requiere una clara voluntad política desde el Ejecutivo y la posibilidad de tener un respaldo claro y consciente del Legislativo.
Se puede, desde luego, emprender con algunas actitudes y acciones que se orienten en el mediano plazo, en la dirección correcta:

Dentro de un marco de políticas públicas para el mediano plazo, analizar el ambiente legal del sector y proponer reformas a la ley eléctrica. Proponer la actualización reglamentaria que incluya al reglamento general y los reglamentos relacionados (Mercado eléctrico mayorista, tarifas y peajes, calidad del servicio, despacho de la generación, concesiones, generación distribuida, etc.). Revisar el aspecto institucional para reforzar a los entes necesarios para la gestión: Ministerio de electricidad, Regulador independiente, Operador independiente, empresas…
Examinar a las empresas del sector desde el punto de vista organizativo, y los resultados financieros. Analizar los resultados de carácter técnico de la gestión. Las Intervenciones en CELEC y CNEL tenían este objetivo, con resultados a medias o que no se han hecho públicos.
Generar una estabilidad en la dirección del sector con horizontes de cuatro o cinco años, por lo menos. Tanto la dirección política como la administrativa y de operación.
Sincerar los costos de producción de energía, de transmisión y de distribución; y, fijar las tarifas y peajes en base de esos costos reales incluyendo los costos del capital invertido y costos financieros. Quitar los subsidios escondidos y optar por una política de subsidio directo a quienes lo necesiten.
Planificar la expansión usando conceptos técnicos de beneficio/costo, no el de “proyectos emblemáticos”. Establecer reglas claras para la participación del sector privado en la generación: propiedad, precios, plazos, establecidos mediante concursos públicos.
Definir una política pública estable para las empresas de generación, transmisión y distribución estatales. Deben ser eficientes, con administración moderna. Deben generar rentabilidad que sea reinvertida en la expansión y modernización del servicio. Deben auditar y publicar anualmente sus estados financieros.
Impulsar en forma real la producción energética mediante fuentes renovables  no convencionales (Hidro, solar, eólica, biomasa, geotermia, olas y mareas) que puedan conectarse en forma directa con la red de distribución mediante contratos de fácil manejo y procedimientos simples. Promulgar las reglas para el funcionamiento de la generación distribuida, como concepto.
Es muy importante recuperar el sistema de mercado regulado que permita competir y obligue a ser eficientes. En las condiciones actuales el Estado no tiene recursos para mantener el sistema y deberá vender algunas generadoras, que para atraer capitales necesitan reglas de juego claras, confiables y estables. Nuevas inversiones requieren igualmente un sistema flexible de precios con las características singulares de este mercado, pero que rompan el monopolio y la fijación de precios, por otro de variación controlada dentro de bandas reconocidas.
Esta actividad debe tener una institucionalización simple, clara, completa, que pueda manejarse con autonomía y esté obligada a reportar informes y estados de resultados auditados obligatorios.

No se debe exonerar impuestos, sino que todos tengan las mismas reglas, públicos y privados y se sometan al SRI como cualquier ciudadano. Se debería cobrar el IVA en las facturas de venta de energía. Esto permitiría sincerar el costo en toda la cadena de valor: inversión, operación y mantenimiento.

Las opiniones vertidas en este documento pretenden ser un aporte positivo al sector y son de responsabilidad de la Corporación para la Investigación Energética. Han contribuido varios especialistas del sector eléctrico y energético.

Alfredo Mena Pachano
Quito, octubre 2020.

 

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